Después de unos días de descanso, es duro volver a la realidad y encontrarse con noticias como esta, publicada en el ABC del 12 de julio. Leer, leer
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO | MADRID
La capital de Egipto, El Cairo, fue el lugar elegido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para anunciar el último sábado del pasado mes de abril que el Ejecutivo concederá un diploma a las amas de casa que tienen experiencia profesional, pero carecen de titulación académica, para que puedan acceder al maltrecho mercado laboral.
De la Vega anunció incluso que el Gobierno aprobaría en mayo un decreto para articular este proceso, del que podrían beneficiarse medio millón de mujeres, y cuyos primeros objetivos serían los miles de puestos de trabajo que va a crear la ley de Dependencia y la educación infantil de 0 a 3 años, así como las energías renovables, que es otro de los sectores más ensalzados por Rodríguez Zapatero.
Dos meses y medio después, ninguna ama de casa tiene el prometido diploma por la sencilla razón de que el proceso todavía no se ha puesto en marcha. El borrador del decreto está en el Consejo de Estado y en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte confían en que pasará al Consejo de Ministros en pocas semanas.
Lo que desconocen las amas de casa y el resto de trabajadores que se podrán acoger a esta iniciativa del Gobierno es el complejo y difícil proceso académico que deben superar para obtener tan preciado diploma, a pesar de que del anuncio realizado en su día por María Teresa Fernández de la Vega se desprendía que ese título iba a ser poco menos que regalado.
De momento, el nombre del real decreto desanimará a más de uno: «Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación».
Los interesados deberán participar en las diferentes convocatorias que realice el Gobierno o las comunidades autónomas para evaluar y acreditar las competencias profesionales. Las organizaciones empresariales y los sindicatos también podrán solicitar la realización de convocatorias específicas.
En primer lugar, las personas deberán acreditar su experiencia profesional. Para ello, se les asesorará individualmente sobre la conveniencia de que accedan a la fase de evaluación, en la que una comisión formada por, al menos, cinco personas examinará y evaluará la competencia profesional del candidato.
Superada esta prueba, se acreditará, mediante un certificado acorde con los títulos de Formación Profesional (FP), la experiencia del aspirante.
Evaluadores
Los asesores y evaluadores deberán tener una experiencia de al menos cuatro años como profesores de la familia profesional correspondiente o como profesionales expertos en las áreas de competencia que se pretendan acreditar.
La complejidad del proceso invita a pensar que todavía pasarán varios meses antes de que cualquier ama de casa pueda colgar en el cuarto de estar de su domicilio el ansiado diploma anunciado por De la Vega.
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